El jefe de la Delegación del Gobierno nacional de Paz Urbana en Buenaventura, Fabio Cardozo Montealegre, se pronunció sobre la liberación de la señora Sari y su acompañante, quienes permanecían en cautiverio, y aprovechó para responder a cuestionamientos de un concejal de la ciudad sobre los alcances del proceso de diálogo en el Distrito.
Frente a la liberación, Cardozo Montealegre expresó satisfacción por el desenlace humanitario, aunque reconoció que los detalles del operativo permanecen bajo hermetismo. Señaló que "todo secuestro es execrable, merece el rechazo y el repudio del conjunto de la sociedad", y que la libertad de las personas retenidas "es un asunto que debemos celebrar todos".
El delegado indicó que el Gaula le confirmó oficialmente la noticia, pero que la información disponible es limitada. Afirmó que "este es un asunto con un trasfondo oscuro que no conocemos", aclarando que su interés se centra exclusivamente en "el acontecimiento humanitario de la libertad de la señora y la persona que estaba en su compañía".
En respuesta al concejal que vinculó los diálogos con los hechos violentos que costaron la vida a dos turistas vallecaucanos en Buenaventura, Cardozo Montealegre fue categórico. Sostuvo que "no estamos haciendo un esfuerzo dialógico" en vano, y que "las comunidades muchas no saben de los resultados y de la incidencia" que tiene la delegación en la atención de situaciones de riesgo en el territorio.
El funcionario rechazó que se le atribuya responsabilidad directa sobre la seguridad del Distrito, diferenciando claramente su rol del de los organismos de seguridad. Fue enfático al afirmar que "yo no soy el sheriff de Buenaventura, yo no soy el comandante de la Policía de Buenaventura", señalando que la Fuerza Pública está haciendo "esfuerzos ingentes" frente a la situación.
Cardozo Montealegre advirtió que la violencia en Buenaventura responde a múltiples factores estructurales que van más allá de la presencia armada urbana. Indicó que el territorio enfrenta amenazas del Clan del Golfo, facciones guerrilleras y grupos urbanos, además de economías ilegales ligadas a la minería y la tala de madera, señalando que "hay un enorme desafío" que exige un esfuerzo mancomunado.
El delegado reconoció que en dos años de proceso no se han conseguido todos los resultados esperados, pero destacó avances concretos en materia de deslegitimación de la violencia. Mencionó como logros el ecobarrio de paz, acuerdos para evitar el reclutamiento de menores y un reciente convenio orientado a "favorecer la dignidad, los derechos de movilidad y el respeto para las mujeres, niñas y adolescentes en Buenaventura".
Frente a quienes asocian los problemas de seguridad del país con la política de paz total, el funcionario fue directo al señalar que "se ha vuelto un prurito en Colombia asignarle a la paz total los problemas de seguridad del país", precisando que en el Valle del Cauca el único ejercicio de paz existe en Buenaventura y se denomina Paz Urbana.
Cardozo Montealegre reveló además que los jefes de las tres principales estructuras armadas que operan en el Distrito —Los Shottas, Los Espartanos y Los Chiquillos— se encuentran actualmente presos junto a sus segundos al mando, y que estas capturas ocurrieron durante el gobierno de Gustavo Petro. Aclaró que "la paz total no significa bajar los brazos" ni frenar la acción de la Policía y la Fiscalía.
El delegado cerró su pronunciamiento convocando al Concejo Distrital a auspiciar un foro sobre política de seguridad en Buenaventura, reconociendo que la corporación tiene un papel central en el control político del territorio. Reafirmó que la delegación continuará su trabajo más allá del 7 de agosto, con una agenda centrada en el desmonte de estructuras armadas y la desvinculación de jóvenes de estos grupos, pues "muchos de esos muchachos han tocado nuestras puertas diciéndonos que quieren dar un paso al costado".
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