La Fiscalía General de la Nación presentó ante un Juez de Control de Garantías a Yari Angélica Caly Riascos y Keidy Daniela Vásquez Núñez. Ambas mujeres son señaladas por su presunta participación en exigencias económicas ilícitas realizadas contra un empresario del sector transporte en Buenaventura. 

 

Un Fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó formalmente el delito de extorsión agravada. Durante las audiencias concentradas, las procesadas decidieron no aceptar el cargo formulado por el ente acusador. Pese a ello, deberán cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario.  La investigación revela que el transportador recibía llamadas extorsivas desde junio de 2025.

 

En estas comunicaciones, se le exigía el pago de una cuota obligatoria para que sus vehículos pudieran realizar las labores de cargue y descargue de víveres sin inconvenientes. 

 

Para coaccionar a la víctima y asegurar los pagos, los conductores de la empresa sufrieron el robo de la mercancía que trasladaban. Según el material probatorio, las dos mujeres habrían facilitado el recaudo del dinero ilícito a través de sus billeteras digitales personales. 

 

La captura de las investigadas fue ejecutada por unidades del Gaula de la Policía Nacional en la ciudad de Buenaventura. Tras valorar las pruebas, un Juez Penal dictó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambas detenidas. 

 

Es importante recordar que, según la Fiscalía, la situación jurídica de las implicadas se encuentra pendiente de resolver bajo los preceptos de la "presunción de inocencia". Este principio legal está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en la Ley 906 de 2004.