De izq. a der. Max Schoening, Joel Motley y José Miguel Vivanco.
Con la presencia del presidente Joel Montley, del director para Las Américas, José Miguel Vivanco y de Max Schoening, representante para Colombia, Human Rights Watch presentó un segundo informe sobre la violencia en Buenaventura, donde advierte que a pesar de intervención del Gobierno Nacional, la situación sigue siendo crítica.
La extrema pobreza en Buenaventura, el control por parte de las mafias, los altos índices de desplazamiento forzado, el número de desapariciones y la práctica de desmembramiento, lo convierte en uno de los lugares más críticos en materia de derechos humanos en toda América Latina, expresó el Presidente de Human Rights Watch.
Aseveró Joel Montley que “llama la atención es que Colombia tenga la riqueza y la capacidad institucional para mejorar las condiciones en Buenaventura, sin embargo no lo ha hecho durante varias décadas, hay un abandono del Estado que todavía persiste; el resultado es una situación con trayectoria en la cual mucha de la riqueza del país pasa por este puerto y el Gobierno espera convertir en Capital de la Alianza para el Pacífico, mientras que la población está expuesta a la violencia y al dominio del más fuerte”.
Dijo que el 6 de marzo de 2014, luego de que la Policía informara haber identificado en Buenaventura varios “sitios de pique” donde se había desmembrado a víctimas, el Presidente Juan Manuel Santos anunció una “intervención especial” para mejorar la seguridad pública y desarticular a los grupos sucesores del paramilitarismo con presencia allí. Sin embargo, una nueva investigación de Human Rights Watch alerta sobre niveles alarmantes de abusos cometidos por estos grupos desde que comenzó la intervención del gobierno, incluidas desapariciones, violencia sexual y reclutamiento de niños. Los grupos han llevado a que al menos 6.900 residentes debieran desplazarse de sus hogares desde el anuncio del Presidente Santos, y el municipio aún presenta el índice más elevado de desplazamiento forzado de Colombia.
José Miguel Vivanco
“Ha transcurrido un año desde que el gobierno anunció que iba a adoptar medidas en Buenaventura, sin embargo, poderosas organizaciones criminales continúan sembrando el terror entre la población”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien las medidas ordenadas por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto”.
Human Rights Watch visitó Buenaventura en mayo y noviembre de 2014 y en febrero de 2015, y entrevistó a más de 70 personas, incluyendo a víctimas de abusos, familiares de estas y funcionarios públicos.
Las autoridades incrementaron la cantidad de policías, infantes de marina, fiscales e investigadores judiciales en Buenaventura, y lograron algunos resultados que merecen ser destacados. En 2014, fueron detenidos más de 280 presuntos miembros de los Urabeños, la Empresa y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los tres principales grupos sucesores del paramilitarismo en Buenaventura. Entre abril y diciembre, se registraron oficialmente 96 homicidios, lo cual constituye un descenso comparados con los más de 150 homicidios registrados en el mismo período durante 2013, según señalaron autoridades de medicina legal, señaló José Miguel Vivanco.
“El gobierno de Santos se encuentra lejos de cumplir su promesa de revertir las condiciones en Buenaventura”, dijo Vivanco. “Las autoridades deben adoptar medidas mucho más enérgicas para fortalecer las investigaciones judiciales, poner fin al terror que asola al principal puerto de Colombia en el Pacífico, y asegurar que las víctimas de abusos tengan acceso a la justicia”.
