La Corte Suprema de Justicia negó las demandas de casación presentadas por la defensa del exalcalde de Buenaventura, Saulo Quiñones García, y de tres exfuncionarios de su administración, confirmando su responsabilidad penal por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros continuado.

 

La decisión del alto tribunal deja en firme la sentencia emitida en marzo de 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, que redujo la pena inicial de 128 a 96 meses de prisión, manteniendo las sanciones de inhabilidad para ejercer funciones públicas y una multa equivalente al dinero apropiado.

 

Los hechos se remontan al periodo 2004-2007, cuando Quiñones se desempeñó como alcalde. Durante su administración se celebraron 147 contratos principales y 43 adicionales para la adecuación de instituciones educativas en Buenaventura.

 

 

 

Según las investigaciones, aunque el valor real de las obras ejecutadas fue de $ 1.589 millones, el municipio pagó más de $ 2.355 millones. Esto generó un detrimento patrimonial superior a $ 765 millones, monto que fue indebidamente apropiado.

 

El fallo inicial fue emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura, que encontró responsabilidad en Quiñones y en los exfuncionarios Miller Ocoró Aragón, Marcial Minota Hurtado y Luis Amancio Asprilla Cáceres.

 

La Corte Suprema concluyó que los argumentos de las defensas no demostraron errores de hecho ni violaciones al debido proceso, cerrando así de manera definitiva la vía judicial en este caso.