El Colectivo Rostros Urbanos con el apoyo de Buenaventura Soy Yo, a los que se sumó la Unidad de Memoria Histórica de la Administración Distrital, organizaron un partido de fútbol entre otras actividades, el domingo 19 de abril de 2015 para recordar a los 12 jóvenes masacrados por grupos al margen de la ley.

 

Para Melva Cangá, madre del joven asesinado Pedro Angulo Cangá, afirmó que ellos quieren saber la verdad de lo sucedido y que reparación van a recibir por parte de los victimarios y del mismo estado, porque “nosotros somos madres cabeza de familia y estamos pasando mucho trabajo”.

 

El largo proceso y las investigaciones

 

En el 2009, los familiares guardaban la esperanza de hallar justicia con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Delegada de Derechos Humanos de Cali, quien asumió la investigación de la masacre de los 12 jóvenes del barrio Punta del Este, pero la suerte que corrieron muchos de los involucrados causó sorpresa y malestar entre los familiares de los jóvenes asesinados.

 

Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, no reconoció que la masacre fuera perpetrada por las estructuras paramilitares de aquella época.

 

En la investigación iniciada por parte de Fiscalía especializada de Cali, el ente investigador dijo tener los méritos suficientes para decidir la ruptura de la unidad procesal, y pasar a juicio, donde nueve paramilitares estaban siendo procesados penalmente.

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, adelantó la etapa de juicio y en el año 2008, tras cuatro años de la masacre, profirió sentencia condenatoria contra cuatro de los paramilitares, aunque dejo tajantemente claro que para él no existía méritos dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía que probaran la pertenencia de los condenados a estructuras paramilitares, dando a entender que su actuación obedeció a lógicas de delincuencia común.

 

Los condenados a cuarenta años de prisión fueron José Ramón Rentería Valencia, Guido Francois Matamba Manyoma, Carlos Javier Caicedo Granados y Dagoberto Caicedo Benítez por los delitos de Homicidio Agravado, Concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, imponiéndoles una pena de cuarenta años de prisión.

 

Al mismo tiempo, el juez absolvió a los restantes cinco paramilitares, uno de los cuales se reconoció como desmovilizado del “Bloque Calima” y conocido como “El Chespi”, cuyo verdadero nombre es Jefferson Bonilla Gómez. También fueron absueltos los paramilitares Evert González Valencia, Manuel Antonio Rodríguez, Gobert Carabalí Gómez Y Harold Wilson Castillo Figueroa. Decisión tomada por el juez al decir que no se encontraron méritos que demostraran su pertenencia a un grupo paramilitar ni la participación en la masacre.

 

La Sentencia condenatoria contra los cuatro responsables fue apelada por la defensa de los victimarios y fue remitida al Tribunal Superior del Distrito de Buga, Valle, quien confirmó la sentencia en octubre del 2008.

 

Tres de los cuatro condenados interpusieron recurso extraordinario de casación contra la decisión del Tribunal, el cual fue concedido en marzo del 2009, corriendo traslado a los sindicados para que presentaran la respectiva demanda ante la Corte Suprema de Justicia en un plazo de 30 días hábiles.

 

La Corte Suprema aun no se ha pronunciado al respecto, mientras tanto los familiares siguen sin respuestas sobre el por qué fueron masacrados sus hijos, quiénes dieron la orden, quiénes se han beneficiado con este crimen.

 

Según la Comisión intereclecial de Justicia y Paz, la justicia solo se ha dirigido a algunos de los autores materiales, desconociéndolos como parte de las estructuras paramilitares y haciendo ver este crimen como un ajuste de cuentas. No se ha indagado por la responsabilidad en acción y omisión de la Policía de Buenaventura y demás estructuras que mantenían para aquella época militarizada la vida de los pobladores del barrio Punta del Este.

 

Muchos de los familiares cuestionaron la labor de la Fiscalía de aquella época, porque dicen que solo se ubicó la responsabilidad, con débil material probatorio, en nueve paramilitares pertenecientes al denominado “Bloque Calima”, pero nunca vinculó a ella a quienes se han reconocido públicamente como sus comandantes, como el caso de Diego Murillo conocido como “DON BERNA” y de Éver Veloza o Hernán Hernández conocido como “H.H.”.