Por: Diegop Calero

 

La consulta anticorrupción que fue aprobada recientemente en el Senado se votará el domingo 26 de agosto en todo el país. Hay que reconocer que estamos ante un logro de la Senadora Claudia López del partido Alianza Verde, cuya actitud belicosa y en ocasiones ofensiva, no le genera los simpatizantes que debería tener por su trabajo.

 

Ya los estudiosos, que abundan en Colombia, hicieron el análisis de las siete preguntas que tendrá la consulta indicando que no tiene la fuerza necesaria para erradicar las prácticas corruptas que abundan en el sector empresarial, la clase política y las instituciones oficiales.

 

El Procurador Fernando Carrillo, en abril de año pasado dijo en Cali, que ninguna ‘heroína populista’ está en capacidad de sacar al país del fango de la corrupción, pero a renglón señaló: muchos colombianos no han denunciado un solo acto de corrupción incluso teniendo conocimiento de dichos actos delictivos.

 

Pues bien… la Senadora Claudia López, con su tradicional pañuelito en el cuello, no tiene tintes de heroína, pero utilizó la credencia de senadora, para tratar de contrarrestar las prácticas corruptas. Claro, pasó de las críticas facilistas de los estudiosos, a las proponer una iniciativa. Algo que la inmensa mayoría de los 280 congresistas no han hecho, ni los académicos de las universidades, ni los empresarios que integran lustrosas entidades gremiales plegados a las directrices del mandatario de turno, ni los sindicatos, ni las abundantes Organizaciones no Gubernamentales, ni la Juntas de Acción Comunal.

 

La lucha anticorrupción está suscrita a las acciones de la Procuraduría, la Fiscalía y la legislación que se emanen desde la Presidencia de la República.

 

Si algo ha marcado el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido la actitud incoherente de promulgar leyes con motivo del Día Nacional de Lucha, para que se cumplan a partir de los exteriores del Palacio de Gobierno. El viernes 18 de agosto del año pasado, anuncio la presentación, ante el congreso de un paquete de acciones que pretenden fortalecer la lucha contra la corrupción el proyecto de Ley de Protección de Denunciantes, la Ley de Cabildeo, el Estatuto de Probidad, la Ley de Restricción de Beneficios Penales y la Ley sobre Contratación de Infraestructura. Estas normas se suman al proyecto de ley de Reforma Política, presentado recientemente, que también incluye acciones para combatir la corrupción y sancionó la Ley para Proteger los Mecanismos de participación Democrática.

 

Una valoración de la Universidad Externado de Colombia, concluyó que las prácticas corruptas del soborno generado por las empresas colombianas, alcanza el 91 %. El monto del soborno a nivel de porcentaje del valor del contrato asciende al 17 % del mismo; el 58 % dice que si no se pagan sobornos se pierde el negocio y el 80 % de los empresarios considera que los sobornos son prácticas habituales para hacer negocios con entidades del Estado.

 

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dice que la corrupción en entidades públicas le está costando al país 1,9 billones de pesos, algo que el ‘humo de la guerra’ no dejaba ver.

 

Es posible que respuestas a las preguntas como: Quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado, Contratación transparente con pliegos tipo en todo el país y no más atornillados en el poder: máximo 3 periodos en corporaciones públicas, no resuelvan la problemática… pero ayuda.