La diligencia se llevó a cabo por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, gracias a una investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Armada Nacional y la Dirección General Marítima.
La Armada Nacional y la Dirección General Marítima, reafirman su compromiso constitucional de combatir cualquier acto ilegal y manifiestan que no tolerarán comportamientos que estén por fuera de la Ley de ningún militar o civil que conforman la Institución, al tiempo que ratifica su compromiso de apoyar a las autoridades judiciales para garantizar la transparencia en las actuaciones de todos sus miembros.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los tres funcionarios capturados, quienes se desempeñaban como inspectores y controladores del flujo marítimo, recibían entre $400.000 y $1.000.000 para certificar el ingreso al puerto de Buenaventura de naves que nunca llegaron, o permitir el arribo de embarcaciones que no cumplían con los requisitos de navegabilidad.
Fuente: Prensa y Comunicaciones Capitanía Buenaventura y elpais.com.co
