La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 9 personas que habrían participado en el hurto de cinco contenedores cargados con alambre de cobre en Buenaventura, Valle del Cauca. Según las autoridades, la carga tenía un valor superior a 5.000 millones de pesos.

 

De acuerdo con la investigación, el material sustraído correspondía a 163 toneladas de alambre de cobre que habían llegado al puerto de Buenaventura el 13 de julio de 2024, a bordo de un buque con seis contenedores consignados a una empresa importadora.

 

El proceso judicial señala que varios de los implicados serían trabajadores de una agencia aduanera contratada por la empresa dueña de la mercancía, encargada de legalizar su ingreso ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

“Los directivos de la empresa afectada instauraron la denuncia luego de detectar inconsistencias en el retiro de los contenedores, ya que cinco de ellos fueron retirados sin autorización”, explicó la Fiscalía en un comunicado.

 

Las pesquisas indican que dos de los imputados, presuntamente, avalaron el desbloqueo de los contenedores y subieron al sistema de la Sociedad Portuaria información falsa para facilitar la entrega de los pines de seguridad necesarios para el retiro.

 

Otra de las personas procesadas habría gestionado los permisos de ingreso de tractocamiones al puerto, con el fin de permitir la salida del material sustraído. “Se encontraron evidencias de manipulación de documentos y de la base de datos del puerto”, agregaron las autoridades.

 

Tres conductores de camiones habrían ingresado al terminal portuario y retirado los cinco contenedores, trasladándolos posteriormente hasta una bodega en Tuluá, Valle del Cauca, donde serían recibidas las toneladas de cobre por otros presuntos involucrados.

 

La Policía de Carreteras logró recuperar parte de la carga durante los operativos adelantados en el centro del Valle, mientras avanzan las investigaciones para establecer el destino del resto del material.

 

Un Fiscal Seccional imputó a los procesados el delito de hurto calificado y agravado, y un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. “Con estas decisiones se busca garantizar la comparecencia de los investigados y evitar la obstrucción de la justicia”, indicó la Fiscalía.

 

Las personas afectadas con la medida son: Leidy Johana Aislant Ibarra, Adriana Milena García Mosquera, Dewin Góngora Sánchez, John Jairo Martínez Rojas, Jhon Fredy Molina Durango, Yeison Camilo Villada López, Wilmer Alexander Bolaños Solarte, Jorge Enrique Cortés Gutiérrez y Jhoan Sebastián Quintero Aguirre, quienes no aceptaron los cargos.