Mediante un fallo de primera instancia, La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a la Contralora del municipio de Buenaventura, Ana Betty Arboleda, por un periodo de diez años. Esta medida también cobija al abogado Jorge Hernando Pinto Castañeda, Jefe de Responsabilidad Fiscal.
Se estableció que el origen de la denuncia es por parte de alcalde, José Félix Ocoró, ante la Procuraduría por dos irregularidades, una de ellas hace referencia a que siguió investigando al burgomaestre, cuando fue declarada indebida para hacer tal acción.
El otro motivo fue la denuncia que hizo Arboleda, en torno a un presunto detrimento en la Administración local, el cual supuestamente superaba los mil millones de pesos, acusación que no logró comprobar.
Ana Betty Arboleda, contralora municipal, habló ante los medios locales y nacionales luego de ser notificada de la sanción. Inicialmente dijo que "el fallo es abiertamente irregular”.
Jorge Hernando Pinto Castañeda, Jefe de Responsabilidad Fiscal Contraloría
“El fallo proferido por la Procuraduría Provincial de Buenaventura es abiertamente irregular”, dijo Arboleda, al enfatizar que "la Procuradora pretende que una causal de impedimento se haga extensiva a toda la Contraloría".
La funcionaria aclaró que, si bien existía un impedimento por una acción de tutela que había sido fallada a favor del alcalde José Félix Ocoró y que impedía que se investigara al mandatario, esa situación no cobijaba todas las otras instancias de control de la entidad.
"Por eso acudiremos a las instancias que permite la Ley", precisó Arboleda, quien ha sido protagonista de un largo lío judicial de más de un año con el Alcalde.
Según la Contralora, esta situación ha afectado notablemente la labor misional del ente de control, así como el resarcimiento del daño al patrimonio público que debe hacer la Contraloría Distrital, causados por los presuntos responsables que estaban siendo investigados por este organismo de control.
"Es falso que la decisión del Ministerio Público local tenga que ver con el informe de auditoría practicado a la Dirección de Administración y Gestión Financiera -vigencia 2010 primer cuatrimestre del 2011-, donde esta Contraloría denunció $102 mil millones como presunto detrimento patrimonial y que hasta la fecha la entidad auditada no ha dado explicación sobre lo evidenciado, las demás autoridades competentes, donde se han trasladado las presuntas irregularidades, aún no dan a conocer una decisión de fondo", precisó.
Ana Betty Arboleda cuestionó abiertamente a la procuradora María Cristina González Franco, al indicar que la funcionaria "brinda prioridad al interés particular, dejando al olvido los intereses colectivos, sin importar atropellar la Ley".
La contralora aseguró que hay muchos intereses en separarla de su puesto, lo que afecta notablemente la labor misional de la Contraloría de Buenaventura, así como el resarcimiento del daño al patrimonio público que debe hacer la Contraloría Distrital, causados por los presuntos responsables que estaban siendo investigados por este organismo de control.
El fallo en referencia es de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Buenaventura el día 27 de Septiembre de 2011, donde destituye e inhabilita por 10 años a la Veedora de los recursos públicos.
Una vez conocida la providencia, dice Ana Betty, se ha tomado la decisión legal de interponer recurso de apelación para que se conozca una decisión de fondo, es decir, un fallo de segunda instancia.
Al final de su comunicado dice: Solicito al Procurador General de la Nación, Dr. Alejandro Ordoñez, centrar su mirada en este fallo de primera instancia, para que no se vea afectada la imparcialidad que tiene el Ministerio Público a nivel nacional, porque deja mucho que decir, las actuaciones de la Procuraduría Provincial, mucho más cuando se ufana en emitir una decisión, restándole importancia a las denuncias que con anterioridad hemos realizado para su análisis y respectiva decisión por competencia, y que hasta la fecha no ha tomado cartas en el asunto.
