Por Diego H. Calero

 

Tras la aprobación del proyecto de la Ley Orgánica de Regiones en el Senado de la República, se espera que el presidente Duque sin tardar mucho proceda a sancionar la iniciativa con la cual se espera “dar un gran paso en la descentralización”.

 

Aunque el Presidente tiene la opción de objetar el proyecto, debido al concepto del Ministerio de Hacienda, quien señala que “se solicita revisar la conveniencia de tramitar este proyecto por los impactos fiscales que puede generar, por lo que este Ministerio emite concepto negativo” los congresistas confían en que el mandatario firmará el documento, tal como lo ha anunciado en varias ocasiones. Los motivadores de la iniciativa, por el contrario, consideran que esta nueva ley no significará mayores gastos para la Nación porque los recursos se destinarán para los proyectos de desarrollo.

 

El proyecto de Ley Orgánica de Regiones surgió de un concurso de iniciativas donde participaron distintos sectores de la sociedad que finalmente fueron expuestas en la Federación de Departamentos y a ello se sumaron ministros, directores de entidades oficiales, privadas y academia.

 

Pero ¿cómo se benefician las regiones y por qué ganarían más autonomía?   Con esta norma uno de los beneficios es que generarán sus propios recursos.

 

La ley permitirá así “la conformación de regiones eficientes; que empezarán a generar recursos propios mayores a los que se perciben en la actualidad y que de esta manera dejen de depender de los recursos de la Nación”.

 

Y es que no se trata de hablar de una separación de la región del Estado, sino de una mayor autonomía para el desarrollo de macroproyectos que cambiarán la vida de las comunidades de las comarcas.

 

La Ley de Regiones, inicialmente fue redactada conteniendo 18 artículos y comprende una serie de pautas para que los departamentos que tienen elementos comunes se organicen en regiones y puedan promover acciones y proyectos de alcance regional, con una financiación adicional a la de los departamentos y municipios, con el fin de generar un mayor desarrollo social.

 

En el país, actualmente, la región central está integrada por 18 departamentos y un distrito especial, se formó a partir de 2014; la del Pacífico, en 2016; la del Caribe, en 2017 y la del Eje Cafetero, en 2018.  En el proyecto se establecen normas para el fortalecimiento de las Regiones ya conformadas y se dictan las condiciones para su conversión en Entidad Territorial.

 

Para que las Regiones Administrativas de Planificación se conviertan en Entidades Territoriales, las asambleas de los departamentos que las conforman deberán avalar la solicitud que será presentada al Congreso, la Regiones Administrativas deben haber funcionado durante cinco años y la decisión que tome el Congreso será sometida a referendo en los departamentos.

 

Las funciones de las Regiones Administrativas son la de presentar proyectos para el desarrollo regional y gestionar recursos de cofinanciación ante el Gobierno, de cooperación internacional y promover alianzas público-privadas para emprender proyectos.

 

Y las de las Regiones Entidades Territoriales son las de administrar los recursos que se les asignen, formular e implementar políticas, programas, planes y proyectos de carácter regional. Y cada una de las Regiones Entidades Territoriales, tendrá una junta integrada por los gobernadores y designarán un gerente regional, que será la suprema autoridad administrativa.