Un Tribunal Arbitral dio la razón a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dentro de un proceso jurídico iniciado por la empresa Cemas, con lo que evitó el pago de una condena por $57.665 millones.

 

El complejo de Cemas, ubicado en el nodo portuario de Buenaventura, había presentado una reclamación económica contra la ANI en la que pretendía el pago por la suma señalada por el reflotamiento de la draga Calima, la cual se encontraba hundida en inmediaciones de la zona de maniobras de ese terminal marítimo.

 

Para el tribunal si bien el reflotar la draga no era una obligación del concesionario, sí lo era el asumir los eventos de fuerza mayor así como los costos que ello hubiese generado, dado que así lo habían pactado las partes como un elemento de los riesgos asignados originalmente al contratista.

Igualmente, el Tribunal encontró que la ANI no había incumplido ninguna de sus obligaciones relacionadas con el área concesionada.

 

“Se vuelve a demostrar que con un equipo jurídico alineado con los intereses del Estado y que defiende los recursos públicos, se pueden lograr resultados muy favorables en nuestra gestión, como el que le estamos presentando al país”, dijo el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.   

 

El muelle de Cemas inició operaciones el 29 de agosto de 2010 luego de muchas demoras motivadas por las dificultades surgidas en el reflotamiento de esta draga que se hundió hace más 20 años.

 

En la bahía de Buenaventura, además de Cemas, ubicado a un lado del muelle petrolero, hacen presencia la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, el Muelle 13 del Grupo Portuario y la Terminal de Contenedores de Buenaventura, Tcbuen.

 

Cemas pertenece al grupo de empresas de Cementos Argos y forma parte de ese nodo portuario que compite en el primer puerto sobre el Pacífico.