En la mañana del martes 27 de abril de 2021 la comunidad pesquera de Buenaventura, salió a protestar contra el Decreto 281 del Gobierno nacional, argumentando que se sienten afectados pues se les está prohibiendo la pesca de arrastre y de paso la pesca del toyo, rayas y quimeras.
Nos arece absurdo que haya un Presidente que sin conocer las condiciones de las comunidades del pacífico y de la pesca en Colombia, saque un decreto prohibiendo la captura de unos recursos que tradicionalmente se han venido capturando, “Nuestros ancestros nos enseñaron como se capturaba y hoy quieren pretenderé hacer creer que hay que cuidarlos cuando toda han existido y siguen existiendo, dejando a mas de 15 mil personas sin empleo”, indicó Judith Segura, representante del gremio pesquero e integrante del Comité de Paro Cívico.
“Le estamos diciendo al presidente Duque que derogue su decreto porque de lo contrario nosotros vamos a seguir insistiendo hasta en organismos internacionales porque prevalece mas el derecho a la vida que conservar unas especies que son migratorias y que aquí no van a dejar de existir”, destacó.
Gloria Mancilla es una mujer que vive de la venta de productos del mar como el toyo, pescados y mariscos, tiene 65 años y desde los 11 años empezó a trabajar en el sector, exclamando que no había prohibición para capturar y comercializar los productos, y con el pasar del tiempo ha sido su sustento diario hasta llegar a criar a 7 hijos.
Afirmó que le pueblo no acepta que el Gobierno nacionales les quite el toyo, la pesca para su subsistencia; “antes me podía hacer mis 50 mil pesos, ahora no me hago nada porque todo está caro, todo se lo prohíben a uno, y ya uno no consigue en que trabajar”.
Mónica Mosquera, representante de la Federación de Pescadores Artesanales, expresó que “hoy la afectación que tenemos por el Decreto 281 es el derecho a trabajo, se nos está violando el derecho al trabajo a todas estas mujeres aguerridas que han vivido año tras año con dependencia de la pesca del tiburón, a los pescadores artesanales y a los pescadores industriales, que hacen parte de la cadena productiva”.
Dijo además que se afecta la seguridad alimentaria, y más que un problema de trabajo se trata de uno social, cultural, porque se está afectando a cerca de 25 personas que viven directa e indirectamente de la pesca artesanal.
