Por Diego Calero

 

El Comité ejecutivo del Paro Cívico, que está integrado por catorce miembros, presentó los avances del acuerdo que se firmó el 6 de junio del año anterior, cuando terminó el levantamiento social que se extendió por 22 días.

 

El informe estuvo centrado en el recuento histórico de los días de protesta, más que en lo logrado.

 

La gesta de victorias, sin duda es, la sanción de la Ley 1872 de diciembre de 2017, que garantiza los recursos para cumplir con las obras prioritarias para la ciudad por una vigencia de 10 años, más de un billón de pesos por año. Hay que señalar que ya han trascurrido seis meses del primer año y apenas el fin de semana del 2 de junio fueron definidos los delegados para el comité, y no está definido el primer billón de este año para inversiones.

 

En salud se aprobaron recursos para una ciudadela hospitalaria por 183 mil millones de pesos, 12.500 más para la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Ablanque de la Plata. Aunque el secretario de Gobierno Distrital, Edison Ruiz, señala que el paro cívico, la comunidad de Buenaventura se lo hizo fue al Gobierno nacional,

 

El proyecto de la Ciudadela Hospitalaria, no se puede desarrollar porque no hay terreno. Misma situación pasa con la construcción de la nueva cárcel, y el desarrollo de los programas de vivienda.

 

Es claro que, si la Admiración Distrital se hace la desentendida con las gestas de progreso que se pretenden desde las mesas de seguimiento del paro cívico, la nueva protesta va a tener un objetivo local, tal como lo hicieron las vendedoras de la plaza de mercado de Pueblo Nuevo.

 

El reporte que se hace sobre la problemática del servicio de agua, son válidos dentro del reglón de seguimiento, pero no de logros, aunque los protagonistas son las mismas personas, primero como comité del agua y hoy rebautizados como comité del paro. Además, mientras no se resuelva el problema de la tubería no habrá mejoras en las horas de servicio.

 

Mientras que en el capítulo de educación, todo se debe a las mesas de seguimiento del paro. Y todo es todo. Se logró la ampliación de 139 plazas docentes, la declaratoria de la Política Pública del Pacto por la Educación, y 25 mil millones de pesos por aumento de recursos para educación básica.

 

Se puede mirar como una usurpación de funciones al convertirse en un Co-gobierno, pero ante la ausencia de liderazgo de la Administración, los funcionarios del Gobierno nacional entendieron que tenían que sentarse a dialogar era con los integrantes del paro, dejando en segundo orden la presencia del Gobierno departamental y distrital.

 

¿Pero en qué han fallado?

 

Desde la madrugada del 6 de junio del año pasado, al 6 de junio del presente año han pasado eventos que no han sido incluidos en los diálogos.

 

El salvavidas que le llegó a los dirigentes del paro cuando las negociaciones se estancaron… no se volvió a mencionar: Un caso concreto está en las obras por impuestos.

 

Buenaventura este año está por fuera de esta iniciativa y los catorce dirigentes no se dan por enterados del hecho.

 

El Ministerio de Agricultura dejó por fuera al campesinado de Buenaventura y los demás municipios del litoral pacífico que fueron declarados como zonas afectada por el conflicto armado.

 

Tampoco se discute con el Gobierno nacional el plan de obras de las vías terciarias para implementar en el territorio.

 

Y saber que hay representantes de las comunidades rurales en la mesa de diálogo y el tema ha pasado inadvertido.