La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, manifestó su preocupación por el impacto que tendría la reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional en los ingresos de los departamentos.

 

Según la Mandataria, el aumento en las tarifas del impuesto al consumo de licores y cigarrillos afectaría las rentas territoriales que hoy se destinan a salud, educación, deporte y cultura.

 

“Eso sería súper inconveniente para nosotros porque entonces resulta que nos van a llenar de contrabando, las rentas van a disminuir, vamos a tener menos posibilidades los departamentos de poder darle la salud, la educación y el deporte a nuestros ciudadanos”, señaló Toro Torres.

 

La reforma contempla un incremento del impuesto específico a los licores, que pasaría de 343 a 750 pesos por botella. Para la gobernadora, esto podría encarecer el producto y generar un efecto adverso.

 

“Pienso que es algo muy inconveniente para los departamentos, tengo que decir que se le aumenta todo el impuesto específico que pasa de 343 a 750, o sea, que se aumenta más del doble el valor. Esto va a implicar un aumento en el valor del aguardiente y eso tiene como consecuencia el contrabando”, advirtió.

 

La Mandataria de los vallecaucanos recordó que actualmente el contrabando representa un reto para las finanzas regionales. “Para el cigarrillo, por ejemplo, en este momento tenemos el 40 % de contrabando, también tenemos el 36 % de aguardiente que hemos estado tratando de disminuirlo, entonces eso sería muy inconveniente”, dijo.

 

Toro Torres también cuestionó que los recursos del impuesto pasen a ser administrados por el Gobierno central. “Hay otra cosa peor, que es que están aumentando los impuestos, pero para que los recursos entren al Gobierno nacional, y resulta que esos recursos que vienen de esos impuestos, constitucionalmente le pertenecen a los departamentos”, puntualizó.

 

En el caso del Valle del Cauca, los productos de la Industria de Licores del Valle representan una fuente significativa de transferencias que financian programas sociales, deportivos y culturales, cuya sostenibilidad dependería de la decisión final que tome el Congreso frente a la reforma tributaria.