La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un conglomerado empresarial que utilizaba una reconocida cadena de tiendas de ropa femenina como fachada para actividades ilícitas. Según el ente investigador, la organización habría facilitado el ingreso al país de recursos provenientes del contrabando y otras fuentes de origen ilegal. 

 

Las investigaciones señalan que la red estructuró un complejo entramado de empresas importadoras y sociedades de papel. A través de estas entidades, se simulaban operaciones de comercio exterior para introducir mercancías como prendas de vestir, juguetes y cosméticos al mercado nacional. 

 

El objetivo de estas maniobras era dar una apariencia de legalidad al dinero y dificultar el rastreo de los fondos por parte de las autoridades. La Fiscalía detalló que las acciones estaban orientadas a "disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero". 

 

En términos financieros, la operación delictiva es de grandes dimensiones, con un lavado de activos documentado que asciende a los 730.000 millones de pesos.

 

Además, se estima un enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones de pesos y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones.  Como resultado de las pesquisas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya ha ejecutado decomisos de mercancía avaluada en más de 54.000 millones de pesos.

 

Paralelamente, se han emitido órdenes de captura contra los presuntos responsables, las cuales se encuentran en proceso de ejecución.  En una acción masiva de extinción de dominio, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre un total de 405 locales comerciales, 40 inmuebles y 8 vehículos.

 

Estas diligencias de ocupación se llevaron a cabo con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país. 

 

La Fiscalía aclaró que, pese a las medidas judiciales, los activos afectados "continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio". Esto garantiza que los establecimientos sigan operando durante el proceso legal ante los jueces especializados. 

 

Finalmente, el ente acusador recordó que la situación judicial de los implicados está pendiente de resolución y se mantiene bajo los "preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política".

 

Las investigaciones continúan para establecer el alcance total de la red trasnacional.