La Defensoría del Pueblo monitoreó la jornada electoral del 8 de marzo de 2026 a través de sus 42 defensorías regionales, con 1.710 funcionarios y 424 defensores públicos desplegados en todo el país. El organismo valoró positivamente el desarrollo general de la jornada, aunque advirtió sobre retos estructurales que deben corregirse de cara a futuras elecciones.
En total, la entidad registró 864 incidentes en todos los departamentos del país. El problema más frecuente fue la presencia de jurados incompletos en los puestos de votación, con 286 reportes, seguido por 157 casos clasificados como "otro tipo de incidentes" y 79 relacionados con limitaciones para personas con discapacidad.
Respecto a la presunta compra de votos, las autoridades incautaron importantes sumas de dinero. Según el boletín de la Defensoría, se decomisaron "3.760 millones de pesos presuntamente destinados a esa actividad, lo que evidencia que siguen operando redes de corrupción electoral". También se reportaron casos de trasteo de votos en la frontera con Venezuela, particularmente en Cúcuta.
En materia de seguridad, los días previos a las elecciones registraron enfrentamientos armados en varios territorios. En Santa Rosa del Sur, Bolívar, "combates entre las AGC y el ELN en la noche del 7 de marzo dejaron siete heridos e impidieron el acceso de la comunidad a las urnas". Durante la jornada, también se destruyó material electoral en Calamar, Bolívar, y hubo hostigamientos en Valdivia y Yondó, Antioquia, así como combates en Bajo Calima, Buenaventura.
La Defensoría identificó además "conductas irregulares por parte de integrantes de las mesas de votación, quienes habrían sugerido el sentido del voto en algunos casos, realizado preguntas improcedentes a votantes o emitido opiniones de carácter político sin la neutralidad que exige la función electoral". La entidad también reportó fallas eléctricas en Vichada, Tolima, Bolívar y Chocó, donde algunos puestos operaron con plantas eléctricas alternas.
Frente a las presiones de grupos armados, la Defensoría recibió denuncias en Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Urabá, Huila, Nariño y Norte de Santander. El organismo señaló que estas situaciones "deben ser investigadas por las autoridades competentes" y que, aunque no son generalizadas, "muestran que en algunos territorios donde persiste la presencia de actores armados ilegales, las elecciones siguen desarrollándose en un contexto de riesgo".
Pese a las dificultades registradas, la Defensoría del Pueblo destacó la amplia participación ciudadana y el apoyo de misiones internacionales de observación. "Millones de personas han podido acudir a las urnas y eso demuestra que, pese a las dificultades, la democracia colombiana sigue en pie y la ciudadanía mantiene su voluntad de participar", concluyó la entidad en su boletín oficial.
