En rueda de prensa realizada el lunes 4 de mayo de 2026, el asesor jurídico de la Alcaldía Distrital, Edinson Bioscar Ruiz, desmintió la existencia de una empresa privada constituida para operar el muelle y aclaró el estado legal de la nueva infraestructura.

 

Respecto a los documentos que circularon en redes sociales sobre una supuesta nueva entidad administrativa, el funcionario fue enfático: "Ese documento que ustedes ven allí es falso. Seguramente a alguien se le ocurrió para hacer daño... un acta de Constitución no tiene membrete de Cámara de Comercio".

 

Sobre la propiedad del muelle, Ruiz Valencia explicó que, por ley, el Distrito no es el dueño del espacio: "No existe ninguna posibilidad de que el distrito de Buenaventura sea la propietaria de un bien ubicado en la bajamar... le pertenece a la nación y nadie puede usufructuarlo sino a través de la figura de licencia, permiso o concesión".

 

El asesor cuestionó el actual contrato de comodato con el Invías, señalando vicios legales: "Ese comodato es un proceso ilegal, la misma ANI manifiesta que el comodato no es la figura para entregar, administrar u operar un bien de uso público ubicado en la bajamar".

 

En cuanto a la infraestructura actual, advirtió sobre su avanzado deterioro: "Esa estructura es caduca, obsoleta, es una chatarra; la Dimar dijo que ese embarcadero tenía problemas físicos y amenazaba con una tragedia de proporciones".

 

Ante la falta de recursos del Distrito para una obra de tal magnitud, la Gobernación del Valle asumió el proyecto: "La Gobernación tuvo que tramitar su concesión para que le permitieran construir un embarcadero nuevo... se gastó ocho meses haciendo estudios y diseños".

 

Ruiz Valencia aclaró que la inversión de 25.000 millones de pesos no implica una entrega a particulares: "No es correcto decir que a la Gobernadora le entregaron el embarcadero. Lo que hizo fue tramitar una concesión para construir un nuevo embarcadero para reemplazar la estructura caduca".

 

Sobre las facultades de la Ley 1617 de 2013, el jurídico precisó que no son absolutas en esta zona: "La ley dice que todo se realizará conforme a las disposiciones legales vigentes... eso es sin perjuicio de las competencias que la misma ley le ha entregado a otras instituciones como la Dimar o la Armada".

 

Incluso mencionó que las facultades locales tienen límites claros: "La ley establece facultades adicionales a los concejales, pero dice 'exceptuando la zona de bajamar'. Saca también al Concejo de la posibilidad de intervenir allí".

 

El jurídico reiteró que la operación no puede ser gratuita: "La Gobernadora no puede entregar eso gratuito a nadie. El artículo 355 de la Constitución prohíbe a todas las ramas del poder público las donaciones y los auxilios".

 

Finalmente, el asesor hizo un llamado a la responsabilidad informativa de los líderes políticos: "Hay personas que pretenden justificar su inacción desinformando a la gente... bienvenido el debate, pero que sea con la verdad y bajo el ordenamiento jurídico colombiano".