El Ministerio de Educación Nacional expidió el 2 de marzo de 2026 la Resolución No. 005896, mediante la cual ordenó el reemplazo de Eliecer Cándelo Viáfara como rector y representante legal de la Universidad del Pacífico. En su lugar fue designado Edinson Caicedo Cerezo, identificado con cédula de Buenaventura, quien asume nuevamente el cargo con el mandato expreso de implementar las medidas ordenadas por la cartera ministerial.
La decisión se adoptó en el marco de la vigilancia especial que recae sobre la institución desde 2018, cuando el Ministerio evidenció graves fallas en la continuidad, calidad y administración de los recursos. La medida no tiene carácter sancionatorio, según aclaró el Ministerio, sino que constituye una acción preventiva para garantizar la protección de los derechos de los estudiantes y la continuidad del servicio educativo.
El acto administrativo, firmado por el ministro José Daniel Rojas Medellín, expone un conjunto de hallazgos que motivaron la decisión: incumplimiento del plan de mejoramiento, obstaculización a la inspectora in situ, entrega incompleta o extemporánea de informes fiduciarios, inconsistencias en la información contractual reportada al SECOP, contratos suscritos durante el período preelectoral presuntamente en contravía de la Ley de Garantías Electorales, y un incremento inusual en la contratación durante enero de 2026, que representó el 86 % del total contratado en todo el año 2025.
En materia académica, el Ministerio advirtió que permanece sin resolver el hallazgo No. 8 sobre la insuficiencia estructural de la planta docente: la institución cuenta únicamente con 20 docentes de planta, mientras la mayoría de sus profesores se vinculan mediante contratos de entre 9 y 11 meses, situación que afecta la calidad del servicio educativo. A pesar de haberse contratado en 2025 un estudio técnico con COAGROSELVA para definir la planta óptima, a la fecha no se ha presentado ante el Consejo Superior Universitario.
La resolución también pone en evidencia cuestionamientos sobre la gestión contractual del rector saliente. Cinco contratos suscritos en enero de 2026 —entre ellos uno por $ 772,5 millones para adecuaciones en aulas, otro por $ 1.146 millones para suministro de alimentos y uno por $ 857,8 millones para un sistema de agua— presentan inconsistencias en sus expedientes: ausencia de estudios previos completos, falta de publicación en el SECOP, y adjudicaciones en las que figura como única proponente la empresa invitada, sin que los informes justifiquen los criterios de selección.
La medida reaviva el debate sobre la gobernanza de una universidad que lleva más de ocho años intervenida por el Gobierno nacional y que aún no cuenta con un rector elegido en propiedad.
Desde diciembre de 2023 la institución ha operado con rectores designados por el propio Ministerio a través de sucesivas prórrogas. El proceso de elección de rector en propiedad, competencia del Consejo Superior Universitario, avanza lentamente, lo que genera interrogantes sobre cuándo recuperará la institución su plena autonomía y si las condiciones estructurales que motivaron la intervención —déficit docente, debilidades financieras y fallas de gobernanza— podrán superarse bajo un esquema de dirección impuesto desde Bogotá.
