El Concejo Distrital de Buenaventura citó a un debate de control político a la secretaria de Gobierno, la Oficina de Paz y los mandos de la Fuerza Pública para evaluar la crisis de orden público. Sin embargo, el encuentro terminó con un fuerte balance negativo por parte de los cabildantes, quienes denunciaron falta de profundidad en las explicaciones dadas por la administración local.

 

La concejal Libia Mosquera Viveros criticó la postura de la secretaria de Gobierno, María Liliana Vivas, señalando que la funcionaria evitó los cuestionamientos técnicos.

 

Según Mosquera Viveros, “en lugar de responder con claridad, se evidenció una actitud de confrontación hacia los concejales”, lo que dificultó el desarrollo de la labor de fiscalización constitucional.

 

Por su parte, el concejal Francisco Javier Paredes, calificó la jornada como insatisfactoria y exigió medidas urgentes que tengan un impacto real en la ciudadanía. Paredes manifestó que el debate dejó un “sin sabor” en la corporación, insistiendo en que no hubo respuestas concretas que permitan proyectar una solución a la violencia en el territorio.

 

La efectividad de la Secretaría de Gobierno también fue puesta en duda por el concejal Marvin Obregón, quien indicó que la gestión actual no se refleja en la cotidianidad de los bonaverenses.

 

Marvin Obregón fue enfático al cuestionar los “resultados claros en el accionar” de dicha dependencia ante la realidad que enfrenta el Distrito.

 

En cuanto a la operatividad, el concejal Luis Henrry Montaño reconoció una baja del 34 % en el índice de homicidios, pero alertó sobre la precariedad de la Fuerza Pública.

 

Luis Henry Montaño advirtió que la “Policía no cuenta con el número suficiente de efectivos” y señaló irregularidades en la Oficina de Paz, la cual no tendría el aval suficiente para responder integralmente al control político.

 

Durante la sesión, el presidente del Concejo, José Luis Ocoro Caicedo, puso el foco sobre la financiación de las estrategias de vigilancia.

 

Ocoro Caicedo recordó que el Fondo de Seguridad Territorial se nutre del “5 % de las obras que se adelantan en Buenaventura”, reiterando que es imperativo garantizar que ese dinero se invierta con transparencia y eficiencia.

 

Los concejales aseguraron que persistirán en este ejercicio “en defensa de los intereses de la comunidad y en la búsqueda de soluciones efectivas” para recuperar la tranquilidad y la convivencia en la ciudad.