Tras las recientes movilizaciones en Buenaventura, Leyla Arroyo Muñoz, vocera del Comité de Paro Cívico, anunció que el martes 5 de mayo de 2026 se realizará una jornada clave convocada por la Procuraduría General de la Nación. El objetivo es refrendar los compromisos pactados con el Gobierno nacional y departamental, asegurando que se cumpla lo concertado en el marco del acuerdo del paro cívico.

 

La principal exigencia del movimiento es que el embarcadero turístico sea administrado por una junta colegiada que incluya al Gobierno nacional, distrital y, fundamentalmente, a la comunidad. Según Arroyo Muñoz, aunque la Alcaldía ya recibió el bien en comodato, “no lo está administrando en conjunto con nosotros como comunidades”, lo cual contraviene los principios de gobernanza popular pactados originalmente.

 

Otro punto crítico de la negociación es la infraestructura del lugar, pues actualmente existe un conflicto con los diseños presentados por la Gobernación del Valle. El Comité aspira a que se precisen qué observaciones serán atendidas en la obra actual y cuáles requerirán un nuevo proyecto: “nuestra aspiración es que allí se precise cuáles son las observaciones que van a ser atendidas directamente en lo que falta de la construcción”.

 

La sostenibilidad económica es la tercera columna de la propuesta, exigiendo una consultoría que defina un plan de funcionamiento a 20 años. Para los líderes sociales, este plan debe garantizar la reinversión en el propio embarcadero y en las zonas de playa y río: “que garantice aportes para la inversión en las playas y los ríos donde hay puntos de embarque y desembarque”.

 

Sobre la naturaleza de la propiedad, el Comité fue enfático en que el carácter público del muelle no es negociable. Sin embargo, no cierran la puerta a colaboraciones estratégicas siempre que el control permanezca en manos del Estado: “el embarcadero es público y debe seguir siendo público... lo mínimo de la participación de lo público es el cincuenta y uno por ciento”.

 

Respecto a las tensiones recientes que llevaron a acciones de hecho, Arroyo Muñoz explicó que estas surgieron como una respuesta al incumplimiento sistemático de los acuerdos. “El incumplimiento que viene sistemático del acuerdo es lo que ha detonado que se le indique a la Procuraduría y se le insista que debe cumplir su misión”, afirmó la vocera durante la rueda de prensa.

 

El movimiento social también denunció irregularidades en la documentación de las mesas de trabajo previas, señalando una falta de actas oficiales en las reuniones lideradas por la Gobernación del Valle. “Esa práctica no la hemos tenido con las reuniones convocadas por la Gobernación del Valle. En ese sentido es una gran debilidad”, advirtió Arroyo Muñoz ante los medios.

 

En cuanto al manejo de la información y el silencio mantenido en los últimos días, el Comité explicó que se trató de una estrategia para evitar reacciones apresuradas y fortalecer la unidad interna. “Decidimos no vamos a contestar llamada, no vamos a ir a responder entrevistas de manera rápida, sino que hicimos los ejercicios de reunión”, puntualizó la líder social.

 

Finalmente, el Comité reiteró que su meta sigue siendo la defensa del territorio y la mejora de la calidad de vida de los bonaverenses a través de una gestión eficiente y transparente. La intención es, según sus palabras, “optimizar no solamente recursos, optimizar tiempos en función de un servicio oportuno, de calidad... es finalmente garantizar derecho”.