El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el jueves el Decreto 1630 de 2011, que establece medidas orientadas a restringir la compra y venta de teléfonos celulares robados y extraviados en el país.

"Así combatimos con firmeza delincuencia común", aseguró el primer mandatario en su cuenta oficial en la red social Twitter.

El Decreto establece que se identificará, a través de una base de datos, la información de los equipos celulares habilitados para ser activados y operar sin ningún tipo de restricción; y por otro lado, una base de datos que almacena la información de los celulares inhabilitados por haber sido robados o estar registrados como perdidos.

Además, se ordena la implementación de un sistema unificado entre los proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones móviles u operadores celulares (Comcel, Tigo y Movistar), en el que debe registrarse la información de los teléfonos móviles tanto habilitados (legales) como inhabilitados (ilegales), sistema que deberá ser consultado por los operadores a la hora de activar cualquier equipo móvil.

Venta solo para autorizados

Según el Decreto, solo podrán vender celulares (nuevos y usados) los operadores o las personas autorizadas por estos y por el Ministerio de las Tic’s, quien lo haga sin esta autorización incurrirá en una infracción al régimen de telecomunicaciones.

La información sobre los vendedores autorizados deberá estar disponible en la página de cada operador y en el sistema de información integral del Ministerio de las Tic’s. Así mismo, cada punto de venta autorizado deberá exhibir en un lugar visible el documento en donde conste dicha autorización. 

El vendedor debe entregarle al comprador de un celular, la documentación que certifique que el equipo cumple con la normatividad, es decir, que es legal.

A través del decreto se autoriza además a las autoridades de policía a que verifiquen en cualquier momento el cumplimiento de estos requisitos por parte de los vendedores autorizados.

Por último, el Decreto establece medidas para prevenir la comercialización de equipos obtenidos en el exterior.