Entre los anuncios oficiales y la realidad operativa del puerto de Buenaventura persiste una brecha que explica por qué la crisis logística y del transporte sigue sin resolverse. Al comparar los planteamientos hechos por el Gobierno nacional en agosto de 2025 con las medidas recientes anunciadas como “plan de choque”, queda en evidencia una constante: el Estado reconoce los problemas estructurales, pero aplaza las decisiones de fondo que permitirían superarlos.

 

Hace 6 meses, en escenarios públicos y técnicos, el Ministerio de Transporte admitió que el sistema portuario de Buenaventura arrastra falencias profundas: una normatividad desactualizada, concesiones inactivas, infraestructura insuficiente, dragados limitados, impactos sociales no resueltos y una débil articulación entre el puerto y la ciudad. Incluso se reconoció que el principal puerto del país no debería ocupar posiciones rezagadas en los rankings internacionales, sino competir entre los más eficientes del mundo.

 

Sin embargo, el anuncio reciente de un plan de choque confirma que esas alertas no se tradujeron oportunamente en transformaciones estructurales. Las medidas actuales se concentran en correctivos operativos de corto plazo, como la operación 24/7, la evacuación de contenedores vacíos y un mayor control administrativo. Acciones necesarias, pero que evidencian que los problemas de fondo siguen intactos y obligan a intervenir cuando el sistema ya está al límite.

 

Uno de los vacíos más notorios es el de las contraprestaciones portuarias. Hace meses se anunció una revisión integral del esquema para que los puertos aportaran más al desarrollo local y a la generación de empleo de calidad. No obstante, en los anuncios más recientes no se conocen resultados concretos, ni nuevas fórmulas tarifarias, ni cambios regulatorios. El modelo permanece igual, mientras continúa la percepción de que la actividad portuaria no se traduce en beneficios proporcionales para el territorio.

 

La infraestructura sigue siendo el mayor cuello de botella, y el dragado del canal de acceso volvió a ocupar un lugar central en las mesas de trabajo convocadas para atender la crisis logística. Allí se confirmó que, si bien existe un contrato vigente para el mantenimiento del canal, este es de carácter temporal y no resuelve el problema de fondo: la falta de profundización que permita operar buques de mayor tamaño sin depender de las mareas.

 

Según lo expuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura, el dragado de profundización —pese a contar con licencia ambiental— aún no entra en fase contractual y su licitación se proyecta para 2027. El cronograma contempla consultas previas, ajustes ambientales y trámites que se extenderán durante 2026, lo que mantiene la preocupación del sector portuario, ya que la limitación de calado sigue afectando la eficiencia operativa, incrementando costos y reduciendo la competitividad del puerto frente a otros de la región.

 

El caso de los contenedores vacíos es otro reflejo de la falta de ejecución. Desde hace meses se reconoció que el problema dejó de ser coyuntural para convertirse en estructural. Aun así, sigue siendo uno de los ejes del plan de choque actual, lo que demuestra que la reglamentación anunciada no se implementó a tiempo y que la saturación de patios continúa impactando la movilidad y los tiempos logísticos.

 

Tampoco se observan avances sustanciales en la prometida integración puerto–ciudad. Los anuncios sobre ordenamiento territorial, planes maestros portuarios y mitigación de impactos urbanos no se han traducido en proyectos concretos. La desconexión persiste y las tensiones sociales que genera, terminan afectando la operación logística, con consecuencias directas sobre transportadores y usuarios del sistema.

 

En este contexto, el plan de choque anunciado en febrero de 2026 aparece más como una reacción tardía que como el resultado de una política sostenida. Lejos de resolver las causas estructurales, confirma que la falta de decisiones oportunas llevó a una situación crítica que hoy exige medidas de emergencia.

 

Así, Buenaventura sigue atrapada entre diagnósticos acertados y soluciones aplazadas. El problema no es la falta de claridad sobre lo que debe hacerse, sino la demora en ejecutar las reformas profundas que el propio Gobierno ha reconocido como urgentes.

 

Mientras tanto, la logística del principal puerto del país continúa operando con restricciones, acumulando sobrecostos y manteniendo una deuda histórica con el territorio que sigue sin saldarse.