En la mañana del jueves 6 de noviembre de 2014, el Distrito Especial de Buenaventura se vio afectado por un nuevo bloqueo que en esta oportunidad fue sobre el puente El Piñal, este fue realizado por parte de algunas instituciones educativas privadas y docentes de las mismas, a los que se les adeudan recursos desde el año 2007.

 

El Defensor Regional del Pueblo Valle del Cauca, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, indicó que se debe realizar una reunión con la presencia del Alcalde porque la verdad es que se debe tomar una decisión de fondo y mientras no esté el ejecutivo distrital, lo que decidan los secretarios está supeditado a la decisión del alcalde y si él no avala los arreglos, pues son va a pasar absolutamente nada.

 

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, defensor Regional del Pueblo

 

“Nosotros hemos tenido conocimiento de unas denuncias graves, por el contenido de ellas mismas frente a temas delicados de corrupción en Buenaventura y pienso que eso debe ser abocado por los organismos de control que le puedan dar una respuesta a la ciudadanía en torno a ello; porque no puede quedar ese manto de que aquí no pasa nada, eso es muy delicado y me parece que nos está haciendo mucho daño y mientras eso no se soluciones vamos a seguir en estos problemas de manera constante”, aseveró Carlos Hernán Rodríguez.

 

El representante de algunas de las instituciones educativas privadas, Miguel Ángel Bermúdez Prado, dijo que el problema radica en que la Administración Distrital ha manejado muy mal los recursos de la educación de ampliación de cobertura en Buenaventura; no se piensa en la calidad, no se piensa en los niños.

 

Señaló en sus denuncias, que se les adeudan recursos del año 2007, 4 meses; 2009-2010, 6 meses y lo correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014, años en los que educamos a nuestros estudiantes aunque nosotros tratamos de cobrar matrícula y pensión los padres no tienen.

 

Miguel Ángel Bermúdez Prado, representante de algunas instituciones educativas privadas

 

Aseguró que son aproximadamente 4.500 estudiantes que manejan en las instituciones privadas contratadas por ampliación de cobertura, pero que la Administración Distrital no se las paga y las ubicó en la zona rural.

 

Precisó Miguel Ángel Bermúdez Prado, que el monto de lo adeudado asciende aproximadamente a 52 mil millones de pesos.

 

Los puntos pactados que permitieron levantar la protesta hasta que se realice una reunión el lunes 10 de noviembre de 2014 en la sede María Auxiliadora del Pascual de Andagoya fueron los siguientes: