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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) emitió este martes 2 de junio de 2026 su declaración preliminar sobre las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, en la que calificó el proceso como transparente y creíble, y la jornada electoral como pacífica y bien organizada en todo el territorio nacional.

 

Once candidaturas disputaron la primera vuelta en una contienda que la misión describió como "pluralista y competitiva". Según el preconteo, la segunda vuelta del próximo 21 de junio enfrentará a Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, con el 43,7 % de los votos, contra Iván Cepeda, de la coalición Alianza por la Vida, con el 40,9 %. La participación alcanzó un récord histórico del 57,9 %.

 

Los observadores de la MOE UE señalaron que todas las fases del proceso fueron "transparentes, ordenadas y fluidas", y que los representantes de los partidos pudieron ejercer su labor de vigilancia sin restricciones. El conteo de votos se realizó de forma precisa y, aunque se detectaron algunos descuidos procedimentales menores, estos no afectaron la integridad del proceso.

 

La campaña se desarrolló principalmente en redes sociales y estuvo marcada por episodios de violencia, con reportes de amenazas, vandalismo, agresiones y secuestros. Entre los hechos más graves se registraron el asesinato de la concejala Mileidy Villada en Valle del Cauca y el de Rogers Devia y Eder Fabián Cardona, director de campaña y asesor de Defensores de la Patria, en Meta.

 

En el marco del Plan Democracia, el Gobierno desplegó 228.000 militares y policías a partir del 15 de mayo para garantizar la seguridad de los puestos de votación. El operativo tuvo un costo en vidas: nueve soldados fallecieron y ocho resultaron heridos en cumplimiento del deber. Los tres principales grupos armados ilegales declararon una tregua electoral que, en gran medida, fue respetada.

 

La MOE UE advirtió sobre irregularidades en la financiación de campañas. Los observadores reportaron "actividades de campaña financiadas mediante donaciones y aportes en especie que no se habían declarado en la plataforma Cuentas Claras", lo que apunta a una infradeclaración extendida. Adicionalmente, los retrasos en el desembolso de anticipos estatales perjudicaron desproporcionadamente a los candidatos con menor intención de voto.

 

En cuanto a los medios de comunicación, la misión confirmó una marcada polarización en la cobertura. Los medios estatales favorecieron al presidente Petro, al Gobierno y a Cepeda, mientras que los canales privados dedicaron mayor tiempo y trato más neutral a las tres candidaturas principales. La misión también detectó "lenguaje desprestigiante, información errónea o desinformación tanto en los medios estatales como en los privados".

 

La inteligencia artificial se consolidó como herramienta de campaña, empleada tanto para producir publicidad política a gran escala como para difundir contenidos falsos. La MOE UE también registró discurso de odio en redes sociales, con mensajes sexistas dirigidos a candidatas, comentarios racistas contra Aida Quilcué y mensajes homófobos contra Claudia López y Juan Daniel Oviedo.

 

Sobre la administración electoral, la misión destacó la profesionalidad e independencia de los funcionarios de la Registraduría Nacional, entidad que además encargó por primera vez una auditoría internacional del proceso, realizada por el IIDH/CAPEL. Respecto a la solicitud del presidente Petro de entregar el código fuente del software de resultados, la Registraduría se negó por considerar que ello "pondría en peligro la seguridad del sistema", aunque ofreció una exposición presencial del código de cuatro semanas de duración.

 

La MOE UE, presente en Colombia desde el 26 de enero por invitación del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, desplegó 143 observadores de 27 países en 591 mesas de 30 departamentos. La misión, dirigida por Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, anunció que continuará observando la segunda vuelta del 21 de junio y publicará un informe final con recomendaciones de reformas electorales una vez concluido el proceso.