“La relación con Prosperidad Social permitió fortalecer los modos y formas de producción de la comunidad, del hacer propio reflejado en las huertas tradicionales. Logramos tener apoyo para beneficiar a cerca de 1.500 familias en tres fases, con acompañamiento directo de los mayores”, manifestó José Fernando Conejo, gobernador del Cabildo de la Parcialidad Indígena de Totoró, pueblo de unas 3.900 familias en el oriente de Cauca.

 

La declaración de este líder indígena sobre el programa de la entidad y la experiencia de IRACA en Totoró, resume en gran medida los resultados que persiguen los programas que el Departamento Administrativo de Prosperidad Social ejecuta con los pueblos indígenas, respondiendo al enfoque diferencial que atraviesa todas sus medidas para la superación de la pobreza.

 

Sin ser el único, IRACA es el programa con mayor especificidad en lucha contra la pobreza en comunidades étnicas y promueve el desarrollo de éstas a través de una intervención integral que se adapta a las diversas características de las poblaciones, para el fortalecimiento social y organizacional. Así mismo, promueve la incorporación de buenas prácticas productivas y comerciales en el marco de derechos fundamentales a la Autonomía y Gobierno Propio, Identidad Cultural y del Territorio, de las comunidades étnicas.

 

Sus resultados pueden rastrearse en 194 resguardos indígenas de 18 departamentos del país, con una cifra de beneficiaros que supera los 21.000 hogares acompañados. El programa interviene desde las concepciones autónomas del bienestar y buen vivir, contenidas en los instrumentos propios de estas poblaciones. En general, Prosperidad Social ha invertido en IRACA más de 46.000 millones de pesos para el desarrollo de comunidades indígenas y afrocolombianas.

 

Las Naciones Unidas han escogido el tema migración y desplazamiento para la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas en este 2018, centrándose en “la situación actual de los territorios indígenas, las principales causas de las migraciones, la circulación transfronteriza y los desplazamientos y los desafíos y cómo revitalizar las identidades de los pueblos indígenas y alentar la protección de sus derechos dentro o fuera de sus territorios tradicionales”.

 

Con IRACA, entre otros, la entidad participa del proceso de respuesta integral de garantía de derechos que todo el Estado colombiano ha emprendido desde 2004. En ese año, la Corte Constitucional -en sus autos 004 y 005- exigió protección especial a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. En 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sentando las bases para la implementación de la Política Pública de Reparación Integral a las Víctimas que contempla su protección y garantía de derechos desde sus diferencias socioculturales.

 

El principio se replica en otros programas como Más Familias en Acción, los de Infraestructura Social y Hábitat, la Estrategia Unidos y los otros tres programas de Intervenciones Rurales Integrales -Familias En Su Tierra, Resa y Familias Rurales-, extendiendo la cifra de hogares con población indígena vinculada a más de 167.000.