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Específicamente, la asociación da respuesta a una medida que hizo pública en la que se afirma que el Gobierno tiene el propósito de “reformar los artículos 150 y 189 de la Constitución, con el fin de agregar a las funciones del Presidente la de ejercer inspección y vigilancia de la gestión ambiental, incluido el uso de sus recursos”. Hecho que se traduciría en que esta función que antes estaba en manos de las Corporaciones podría quedar en manos del mismo Ministerio de Ambiente.

 

Para las Corporaciones queda claro que la pretensión del gobierno es centralizar la gestión ambiental mediante la supresión de la autonomía de las autoridades ambientales regionales lo que resulta contrario al discurso del fortalecimiento de estas instituciones.

 

Otra de las medidas que toca a las Corporaciones y podría hacerse dentro de los seis meses que dura el proceso rápido, es la de reformar el consejo directivo de cada corporación. La idea, sería modificar el proceso de elección de los directores y agregar a “delegados del Departamento Nacional de Planeación, de un instituto de investigación del sector ambiental y de la Unidad de Planificación Ambiental, una nueva entidad similar a la Unidad de Planeación Minero Energética o la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria”, al consejo directivo de las distintas corporaciones.

 

Aunque no existe una explicación oficial del porqué de esta reforma, las Corporaciones han sido blanco de críticas por sus manejos administrativos inapropiados. De hecho, en un informe fiscal presentado por la Contraloría el año pasado, evidenció fallas en el cobro de licencias ambientales, precaria gestión para hacer efectivas las multas y ausencia de sanciones ejemplarizantes, además alrededor de $ 10.022 millones de su presupuesto habían sido desviados durante el 2015.

 

“En algunas Corporaciones, pese a la existencia de denuncias o de hechos que se estiman sancionables no se evidencia el inicio de Procesos Administrativos Ambientales, en otros casos no se da un trámite diligente de los mismos, hay mora procesal y errores en las notificaciones”, indica la Contraloría, que efectuó los controles con base en reportes del segundo semestre de 2015.

 

El ente de control sostiene que hay temas comunes en los resultados de las auditorías, como el hecho de que persistan debilidades en los procesos de liquidación, facturación y cobro de las licencias ambientales.

 

Aunque el comunicado aclara que los lineamientos generales para la modernización del Sistema de Información Nacional Ambiental (SINA) sí fueron comunicados con las CAR la semana pasada, también afirman que el Ministerio escatimó en los alcances de la propuesta.

 

No obstante, según afirmó el Ministerio de Ambiente a El Espectador, los documentos a los que se refiere la publicación de Semana Sostenible no son definitivos y todavía siguen trabajando en ellos. Por lo que, a la final, la propuesta podría cambiar.

 

Fuente: elespectador.com