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La decisión se tomó luego de que la oficina jurídica de la Casa de Nariño estableciera que esa norma –por su contenido– debió haberse tramitado por las comisiones primeras o sextas del Legislativo, y no por las terceras como se hizo.

 

En el pliego de objeciones que se le envió al Congreso, Santos argumentó que el contenido y objetivo de este proyecto de ley estaba más relacionado con la protección al usuario del servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros que con una simple reforma al Estatuto del Consumidor.

 

Es por eso que, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Gobierno consideró que el trámite de la iniciativa se debió dar por una comisión distinta a la que se usó.

 

Otro argumento de Santos para objetar la norma es que se le incluyó un artículo que habla sobre la necesidad de publicar cada seis meses el costo promedio de los tiquetes, tarea que se le había encomendado a la Aeronáutica Civil.

 

El pliego de objeciones asegura –sobre ese ítem– que “no fue aprobado en la plenaria del Senado y que la comisión accidental de conciliación desbordó su competencia constitucional, pues incorporó un artículo que no fue debatido ni aprobado por la plenaria de una de las dos cámaras”.

Así las cosas, de acuerdo con la Casa de Nariño, este proyecto de ley “viola” los artículos 142, 151, 157 y 161 de la Constitución, por lo que debe ser objetado.

 

Los aspectos que despertaron mayor interés están relacionados con que los pasajeros que compraran un tiquete tendrían tres días para retractarse del viaje y les devolverían el dinero sin ninguna penalidad.

 

Además, de acuerdo con lo aprobado en junio pasado, los usuarios podrían cambiar la fecha de su vuelo en cualquier momento; pero si lo hacían dentro de los ocho días anteriores al viaje, se les cobraría una multa que, según el salario mínimo vigente, sería de unos 30.000 pesos.