La tasa a la energía creada para apoyar la seguridad en el Valle del Cauca no ha sido suspendida, goza de plena vigencia y sus recursos se están invirtiendo en elementos necesarios para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

 

Así lo precisó el Gobierno del Valle del Cauca, al advertir que se está propagando una desinformación tendenciosa con la intención de hacer ver que los contribuyentes de los estratos 4, 5 y 6 y las empresas pueden ser exonerados del pago de la tasa a la seguridad, solicitando que no se les cobre en la factura de servicios públicos.

 

“En el caso de que no se pague la tasa la Gobernación comenzará a hacer los cobros coactivos, con las sanciones e intereses que esto acarrea, porque es una obligación tributaria que se encuentra vigente”, dejó claro la Directora Jurídica del Departamento, Diana Vanegas.  

 

“La tasa es legal porque nace de una Ley de la República y se hace realidad para el Valle del Cauca a través de una ordenanza de la Asamblea Departamental. En este momento goza de validez y de vigencia porque el Tribunal Contencioso Administrativo no ha hecho un pronunciamiento en torno a que sea ilegal, de tal manera que la tasa conserva una validez y una exigibilidad para todos los vallecaucanos que son sujetos de la misma”, explicó la titular jurídica del departamento.

 

Agregó que la tasa es obligatoria y “que el llamado es a no dejarse desinformar de manera malintencionada o con otros fines diferentes a garantizar la seguridad de los vallecaucanos”.

 

Advirtió que el recaudo de la tasa sigue firme mientras la Gobernación del Valle, en mesas de trabajo con las comercializadoras de energía como agentes recaudadores, ajusta el mecanismo definitivo del cobro, que es un aspecto de forma y no de fondo, que en ningún momento congela o exonera del pago a los contribuyentes.

 

Inversiones de la tasa

 

De los $ 6.769 millones que al mes de agosto fueron recaudados por concepto de la tasa, alrededor de $ 5.000 millones han sido destinados a la lucha contra la delincuencia, fortaleciendo con equipos de movilidad los organismos de seguridad como el Ejército y la Policía.

 

De allí que hay sido posible montar estrategias más contundentes y con mejores resultados en la zona rural con el Ejército y la articulación con la Policía en los ‘ corredores de seguridad’, tales como el del centro y norte del Valle, el corredor de Calima-El Darien, Yotoco y Restrepo. Así mismo, cubrir el corredor entre Buenaventura - Dagua - Km 18 en inmediaciones a Cali y el corredor en límites con el departamento de El Chocó.

 

El más reciente compromiso de la gobernadora, Dilian Francisca Toro, con la seguridad de Cali es que “con recursos de la tasa se aportará a la cofinanciación de la Megaestación de Policía del oriente de la ciudad, que se suma al compromiso de apoyar la seguridad dentro y fuera del estadio Pascual Guerrero.

 

Así mismo en materia de infraestructura, recursos de la tasa están comprometidos para estaciones de policía en los municipios de Versalles, La Cumbre y La Paila”, precisó la Secretaria de Seguridad del Valle, Noralba García.

 

El pleno respaldo de quienes no desconocen que los caleños y vallecaucanos merecen vivir más seguros ha permitido que la tasa sea la mejor llave entre la Gobernación y la gente por un Valle más seguro.

 

Superservicios se pronuncia

 

De igual manera, en las últimas horas el Superintendente Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, reiteró en un comunicado que la tasa de seguridad en el Valle del Cauca sigue vigente.

 

En este sentido dijo que su despacho “informa que la legalidad de la tasa con destino a la Seguridad en el departamento del Valle del Cauca no ha sido objeto de revisión por parte del ente de control y vigilancia y, por lo tanto, ésta sigue vigente”.

 

La Superservicios advierte que la entidad no es competente para determinar la legalidad o no de la tasa de Seguridad. “La Dirección Territorial Suroccidente resolvió un recurso presentado por un usuario del servicio de energía por el cobro de la tasa en la factura del servicio público. Pero no tomó ninguna decisión respecto a la legalidad de la tasa, pues no es la competencia de la Superintendencia”, precisó el superintendente, José Miguel Mendoza.