Durante 2016, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia constató una clara disminución de la afectación de la población civil como consecuencia del conflicto armado interno. El cese del fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP representó un importante logro que redujo los enfrentamientos y las consecuencias humanitarias del conflicto armado. Sin embargo, el CICR insiste en que los avances en materia humanitaria, como la búsqueda de las personas desaparecidas, el desminado del territorio o la desvinculación de menores de las filas de las FARC, requieren de más celeridad para dar respuestas a las víctimas.

 

Por otra parte, y pese al comienzo de las negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), es prematuro hablar de una etapa de posconflicto en Colombia, dado que persiste el conflicto armado con el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

 

“A pesar de la firma de un acuerdo de paz, que saludamos con satisfacción, debemos reconocer que la población civil sigue sufriendo las consecuencias: el drama de los familiares de los desaparecidos, el temor a los artefactos explosivos improvisados y a las municiones sin explotar, la violencia armada en entornos urbanos, el confinamiento al que están sometidas poblaciones enteras en zonas controladas por grupos armados, las amenazas, o los desplazamientos intraurbanos son solo indicios de que aún queda un largo camino por recorrer en Colombia”, afirmó el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch.

 

“La firma del acuerdo no será suficiente para acabar con la violencia en Colombia. Construir un país en paz requiere del esfuerzo de todos y tomará décadas. La sociedad colombiana en su conjunto debe mostrar una mayor voluntad de responder a estos retos humanitarios con la contundencia que amerita el drama de los millones de víctimas del conflicto”, indicó Harnisch.

 

En su Informe Anual, el CICR también hace un llamado a afrontar de manera urgente la crisis carcelaria: “Durante 2016, las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en Colombia no mejoraron sino que, en ocasiones, empeoraron. Esto deja en evidencia la falta de respuesta del Estado colombiano ante las necesidades de los más de 119.500 detenidos que tiene el país”, indicó Nazim Ayadat, coordinador del área de Detención de la delegación del CICR en Colombia.

 

Durante 2016, más de 152.000 personas se beneficiaron del trabajo realizado por el CICR tanto en las zonas más inaccesibles del país como en los cascos urbanos, donde también viven víctimas del conflicto y la violencia armada. Muchas de estas actividades se realizaron en cooperación con la Cruz Roja Colombiana.