El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe darle cumplimiento a la obligación legal de integrar los equipos técnicos interdisciplinarios de las Defensorías de Familia por lo menos con un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista, con la finalidad de que las medidas de restablecimiento que se adopten garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

 

Esta fue una de las conclusiones de la Procuraduría General de la Nación, a partir de la vigilancia superior que adelantó recientemente en la materia.

 

A través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, este organismo de control presentó un detallado informe elaborado con base en las visitas especiales practicadas tanto a la Sede Nacional del ICBF, como a su Regional Bogotá y a 16 centros zonales.

 

Con el propósito de efectuar el seguimiento preventivo, la procuradora delegada le solicitó a la directora general del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, remitir a este organismo de control, en el término de dos meses, el cronograma de las acciones que adelantará esa entidad para atender las recomendaciones formuladas en la vigilancia superior.

 

Así mismo, la instó para que fortalezca las defensorías de Familia, que como autoridades administrativas del servicio público de bienestar familiar e integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), son esenciales para la protección de los derechos humanos en el Estado Social de Derecho.