Las nuevas empresas y sociedades que se establezcan en 79 municipios de la región Pacífico que conforman las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) recibirán beneficios tributarios durante 10 años.

 

En dichos municipios habitan un poco más de 2 millones y medio de personas que por muchos años han sufrido los rigores de la violencia y tienen altos índices de pobreza.

 

El incentivo, que está contemplado en la reforma tributaria del año pasado, consiste en una tarifa progresiva del impuesto de renta a partir del 2017, que podrá variar de acuerdo con el tamaño de la empresa, que está obligada a cumplir con unos requisitos mínimos de inversión y de generación de empleo.

 

La tarifa de dicho impuesto para las micro y pequeñas empresas entre 2017 y 2021 será de 0 %; entre 2022 y 2024, será del 25 %; entre 2025 y 2027, será del 50 %; y del 2027 en adelante la empresa deberá pagar el 100 % de la tarifa.

 

En el caso de las medianas y grandes empresas, los beneficios serán así: entre 2017 y 2021, la tarifa será del 50 %; entre 2022 y 2027, será del 75 %, y del 2027 en adelante, será del 100 %.

 

Los parámetros para este régimen de tributación de las nuevas empresas que inicien actividades en las Zomac están fijados en el artículo 237 de la reforma tributaria (Ley 1819 del 2016).

 

“Vamos a rescatar la inversión y la generación de riqueza en aquellas poblaciones donde el conflicto armado frenó el desarrollo económico y agudizó la pobreza”, advirtió el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía.

 

¿Qué municipios se beneficiarán?

 

La participación privada en el establecimiento de nuevas empresas traerá beneficios a 18 municipios del Chocó, tales como Quibdó, Bajo Baudó, Bojayá, Condoto, Istmina, Medio Atrato, Riosucio, Unguia, Tadó y El Carmen, con una población de 366.512 personas de 510.000 que habitan ese departamento.

 

De los 1,4 millones de habitantes del Cauca, 683.606 viven en 23 municipios Zomac, entre ellos Miranda, Corinto, Guapi, Argelia, Balboa, Caldono, Caldoto, El Tambo, Jambaló y Piendamó.

 

En el Valle del Cauca, los incentivos tributarios para los empresarios se podrán aplicar en 15 municipios, tales como Florida, Pradera, Buenaventura, Riofrio, Roldanillo, Bolívar, Argelia, Caicedonia y El Cairo, en donde residen 744.547 personas, es decir, 16 % de la población del departamento, que alcanza los 4,7 millones.

 

Uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado ha sido Nariño, en dónde se habitan 758.237 personas, que representan el 42 % de los cerca de 1,8 millones de sus habitantes. Allí la inversión podrá llegar a 23 de los 64 municipios del departamento, como Tumaco, Ipiales, Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, Olaya Herrera, Samaniego.

 

Apuestas productivas

 

De acuerdo con un ejercicio reciente del DNP en torno a las apuestas productivas que deberían abordar los departamentos en sus planes de desarrollo, en el caso del Pacífico además de la industria azucarera y de aseo y limpieza, está región podría tener ventajas en la producción de papeles, pinturas y barnices, entre otros.

 

En el Valle serían competitivas las manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, las partes de aluminio, así como de hierro o acero, mientras Nariño se podría mover a la producción de papeles (cortado y corrugado), al igual que la producción de agentes de limpieza orgánicos, excepto jabón.

 

Cauca al igual que Nariño tiene potencial en la industria del papel (incluye algunos impresos), placas y artículos de plástico, depósitos de fundición de hierro o acero, mientras en Chocó se incluye carpintería para edificaciones, cajones de madera, cal viva para construcción, industria alimentaria y farmacéutica, leche y bovinos.

 

¿Cuáles son los municipios Zomac?

 

Las Zomac están constituidas por un conjunto de 344 municipios azotados por el conflicto que fueron seleccionados con una metodología definida conjuntamente por el Ministerio de Hacienda, el DNP y la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

 

Para su escogencia se aplicaron como variables el grado de incidencia del conflicto armado (intenso) y de vulnerabilidad ante este fenómeno. Para ello se utilizaron indicadores de debilidad institucional (no tienen capacidad para generar ingresos propios), de pobreza multidimensional (mayor al 49 %) y que no hagan parte de las principales aglomeraciones urbanas del país.

 

“Con esto pretendemos materializar rápidamente los dividendos de la paz. Es una estrategia por medio de la cual el Gobierno Nacional da un empujón al sector privado para que, aunando esfuerzos, cerremos las brechas con estas zonas”, dijo el director del DNP.